El Departamento de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del ministerio de Trabajo, se ha propuesto que se cumplan las condiciones salariales de las personas incluidas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar. Es decir, que las personas que trabajan en esta labor cobren una remuneración de 950 euros en catorce pagas. En total, 1.108,33 euros mensuales con el prorrateo de pagas extra. Quedarían fuera de este ordenamiento las retribuciones en especie, como puede ser la comida o la vivienda. Si el pago es por horas, el sueldo debe ser superior a 7,43 euros la hora, una cuantía que está establecida por ley.
Esto ha desembocado, según informaciones de El Comercio, en una campaña por la que 811 familias asturianas han sido advertidas para regularizar a sus trabajadoras domésticas antes de que finalice este mes. El plazo, por tanto, expira el miércoles. A partir de ahí, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social iniciará una campaña de inspecciones «para velar por el respecto de los derechos de todas las personas trabajadoras y, especialmente, de aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad».
La región contaba a cierre de febrero con 8.131 empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social. Un mes antes había 40 menos. Desde CC.OO. aseguran que en esta última semana son muchas las personas que se están acercando al sindicato para pedir orientación sobre cómo debe llevarse a cabo esta regulación. «Creemos que será esta semana, antes de que acabe la campaña, cuando más cambios se produzcan», señalan. Además, denuncian que hay familias que no han actualizado los salarios del personal interno «desde 2018».
¿Por qué se está promoviendo la regularización?
La respuesta es sencilla, las autoridades está preocupadas por la pobreza que hay en el sector. Según un estudio realizado en 2019 por Oxfam Intermón y el Instituto Universitario de Género de la Universidad Carlos II, la tasa de pobreza de las empleadas del hogar es más del doble que la de los trabajadores asalariados (16,3%) y el porcentaje que tiene contratos a tiempo parcial cuadruplica el de la media. Además, rebasan con creces los índices de parcialidad involuntaria (80% frente al 55%).
Estos datos habrían sido la motivación para la regularización salarial y para que, a partir del 1 de abril, las “actuaciones inspectoras” de comprobación puedan aplicar sanciones que oscilan, en su grado mínimo, entre 626 y 1.250 euros y, en su grado máximo, desde 100.006 euros a 187.515 euros.
¿Cómo está respondiendo la ciudadanía a la campaña de regularización?
Las consecuencias de estas inspecciones están resultando contraproducentes para las trabajadoras del hogar ya que según datos del mismo Gobierno presentados a inicios de este mes, hasta el 16% de los contratos regularizados se reduce en horas tras la última campaña del Ministerio de Trabajo, tanto así que cerca de 2.400 ya han padecido recortes horarios, como admiten las autoridades.
Recordemos que en enero de este año, 45.000 hogares recibieron una carta de la Inspección de Trabajo en la que se les marcaba un tiempo concreto, hasta el 31 de marzo, para que pusieran al día las condiciones laborales de sus empleadas del hogar. A pesar del optimismo del representante del Ejecutivo, hasta ahora solo han regularizado su situación un 31% de los hogares a los que se envió la carta a primeros de 2021. Son 15.000 empleadas las afectadas, de las cerca de 400.000 que la Seguridad Social mantiene activas en su base de datos.
