Milagro Mendoza y Jesús Alejandro son dos inmigrantes venezolanos que llegaron a España con el deseo prosperar en esta tierra, darle un nuevo hogar a sus familias y, en medida de lo posible, reconstruir a su nación a la distancia. Pero todos estos proyectos se han tenido que congelar en el tiempo por los antagonistas menos esperados: la burocracia y la falta de recursos administrativos en suelo español.
Desde el día cero ambos tuvieron que enfrentar las dificultades con las que todo inmigrante tiene que luchar, y a ello sumar la enorme dificultad añadida de tener una discapacidad que les hunde en el mar burocrático de las administraciones regionales.
Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en España existe una “demora generalizada” en la resolución de los expedientes de valoración del grado de discapacidad, que son responsabilidad de las comunidades autónomas y que en determinados territorios llegan a acumular años de retraso.
En Asturias, según los medios de comunicación, esta brecha puede llegar a dos años de espera, información que es corroborada por la consejería de Bienestar Social que admiten que el tiempo medio de espera para los casos estándar, los que dependen de la valoración del médico, del psicólogo y del trabajador social, es de 18 meses.
En el caso de las personas inmigrantes, este retraso es una losa que las aplasta pues les impide acceder a ayudas que como discapacitados o dependientes pueden solicitar en España. Una de estas ayudas, las más deseada por Milagro y Jesús, ni siquiera es para ellos, sino para los empresarios que podrían contratarles si tuvieran el documento que certifica su situación.
“Y los empresarios quieren el certificado para recibir las ayudas fiscales que se da a quien contrata personas con discapacidad superior al 33%”, nos explica para luego reconocer con cierta amargura que “puedes tener una discapacidad visible, pero si no hay el documento es como si no existiera”.
Con el paso de los meses la desesperación llega y la sensación de no valer afecta, por eso Jesús reivindica el objetivo de sus gestiones. “No quiero ayudas, solamente quiero que me dejen trabajar” y, nos lo deja claro, ninguna empresa quiere contratarlo sin su certificado de discapacidad a pesar de que cuenta con permiso de trabajo en su calidad de refugiado.
Si para un nativo, que cuenta con una red social y el respaldo de su vida laboral en España, ya es complicado enfrentarse a las dificultades de tener una discapacidad, es evidente que para un inmigrante recién llegado va a ser mucho más difícil.
Escucha sus declaraciones en el siguiente vídeo:
