Veinticuatro entidades sociales se han unido para reclamar la modificación del Reglamento de Extranjería para que se garantice los derechos de los menores migrantes que llegan a España de forma irregular.
Lo han hecho a través del marco del trámite de consulta pública abierto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a principios de febrero, y que tiene como fin facilitar a todos los niños y niñas su transición a la vida adulta.
El documento presentado por las entidades, se centra en los artículos relativos a la identificación, documentación, tramitación y renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo de los niños que han llegado solos al país y que han estado bajo la tutela de las ciudades y comunidades autónomas.
Además, se incluyen varias Disposiciones Transitorias para la aplicación retroactiva del Reglamento, con el objetivo de documentar a todos los jóvenes que, si bien fueron menores de edad desde el 1 de enero de 2018 hasta la actualidad, no accedieron a su documentación a pesar de tener derecho a ello, lo que les sitúa en situación de exclusión social.
RECLAMACIONES
El objetivo, explican las organizaciones, es que los menores sean considerados regulares a todos los efectos aún sin disponer de tarjeta de residencia; que cuenten automáticamente con autorización de residencia y trabajo a partir de los 16 años; y que se les dé una autorización de residencia y trabajo desde su ingreso en el sistema de protección, siempre que hayan alcanzado la edad laboral, y hasta los 18 años, eliminando la vigencia inicial de 1 año.